BUENOS AIRES, 02 Jul. 13 / 03:34 pm (ACI/EWTN Noticias).- El Arzobispo de La Plata (Argentina), Mons. Héctor Aguer, criticó la recién aprobada ley de fecundación asistida porque implica la "fabricación de bebés" -y la muerte de otros durante el proceso-, para acceder a intereses egoístas "de adultos dispuestos a ejercer una autonomía que no reconoce límites".
En un artículo publicado en el diario El Día bajo el título "¿Bebés de fábrica?", Mons. Aguer advirtió que la fecundación artificial no puede considerarse "una solución médica", ya que no cura los problemas de infertilidad o esterilidad, sino que más bien "suplanta el acto por el cual se transmite la vida, disociando la procreación de la sexualidad".
"Tal disociación implica el menosprecio de valores fundamentales que presiden la procreación humana y tiene consecuencias gravísimas", señaló el Prelado, que advirtió que el deseo de tener descendencia "no puede ser satisfecha éticamente por cualquier medio".
Además, señaló que los legisladores, al aprobar un procedimiento que implica la muerte de embriones, han suscrito, "al menos implícitamente, el error de no considerar al embrión un ser humano, sujeto de derechos".
En su artículo, el Arzobispo también criticó que la ley no haya sido aprobada luego de "un debate serio y prolongado". Tampoco "se planteó la posible limitación de los daños que se seguirán de la adopción de las técnicas artificiales de reproducción –como ha ocurrido en otros países– y la imprecisión del texto deja un amplísimo campo a determinar por la autoridad de aplicación. Es asombroso también que en la Cámara de Diputados se haya registrado un solo voto en contra. ¡Qué penosa ofuscación de la conciencia en nuestros legisladores!".
Además, al permitirse la donación de gametos se afecta el derecho a la identidad de los niños que sean concebidos artificialmente. "La importancia de este derecho se ha visto realzada en los últimos años en los trámites para establecer la identidad de los hijos de muchas personas desaparecidas, pero ahora se lo menosprecia al facilitar el nacimiento de niños biológicamente huérfanos", advirtió.
Asimismo, señaló que con la legalización de los bancos de embriones y la donación de estos se ha degradado al ser humano en su estado inicial "a la condición de objeto biológico". "Una muerte segura aguarda a un elevado número de niños por nacer –eso es un embrión humano, un niño por nacer– o posibles lesiones y el consiguiente descarte", además -indicó-, nada impide la selección discriminatoria de embriones "por razones físicas o genéticas".
"La persona que accede a estos métodos inhumanos, y que es indebidamente considerada un paciente, puede revocar su consentimiento ‘hasta antes de producirse la implantación del embrión en la mujer’. ¿Qué se hará con los niños así concebidos y eventualmente rechazados? El texto asegura el acceso igualitario a las prácticas, sin exclusiones por orientación sexual o estado civil; así se legaliza implícitamente el alquiler de vientres (¿de qué otro modo podría conseguir su propósito una pareja integrada por dos varones?)", cuestionó.
¿Bebés de fábrica?
Por Monseñor HECTOR AGUER (*)
El Congreso de
la Nación ha sancionado recientemente una ley que garantiza “el acceso integral
a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción
médicamente asistida”. Este es el lenguaje empleado por los legisladores, un
eufemismo para designar lo que en buen romance podría llamarse fabricación de
bebés. En efecto, la lógica de gratuidad que preside la transmisión del don de
la vida humana queda alterada por la introducción de mecanismos que
corresponden a un ámbito muy diverso, el propio de la producción. Desde hace
más de dos décadas se intenta dar respuesta, mediante técnicas de fecundación
artificial, a los problemas de esterilidad e infertilidad. Pero no se trata de
una solución médica, ya que no se cura nada, sino que se suplanta el acto por
el cual se transmite la vida, disociando la procreación de la sexualidad. Tal
disociación implica el menosprecio de valores fundamentales que presiden la
procreación humana y tiene consecuencias gravísimas. Es sabido que en la
fecundación extracorpórea se pierden muchas vidas; los legisladores suscriben
ahora, al menos implícitamente, el error de no considerar al embrión un ser
humano, sujeto de derechos.
“El desplazamiento definitivo de la adopción como gesto de amor y
solidaridad dejará a muchos niños ya nacidos esperando en vano el calor de una
familia”
Progresivamente
se fue imponiendo una nueva causal en la justificación de las técnicas
adoptadas: el deseo reproductivo del individuo, formalizado como presunto
derecho a tener un hijo. La referencia al individuo es pertinente aun cuando el
solicitante sea una pareja, porque la inspiración de aquel deseo es
profundamente individualista. De hecho, la ley pretende asegurar “el acceso
igualitario de todos los beneficiarios”. Y ¿quiénes son éstos?: “toda persona
mayor de edad que haya explicitado su consentimiento informado”. Vale decir que
el solicitante puede ser un matrimonio, dos convivientes –también dos varones o
dos mujeres– un hombre solo, una mujer sola; incluso personas perfectamente
fértiles podrían acceder a las técnicas autorizadas y a la cobertura del costo
correspondiente. Algo muy distinto es el anhelo de un matrimonio de prolongarse
en la prole, lo cual corresponde como fin principalísimo a la unión conyugal;
conviene recordar, sin embargo, que esa aspiración no puede ser satisfecha
éticamente por cualquier medio.
Llaman la
atención los defectos del procedimiento legislativo: la sanción no fue
precedida por un debate serio y prolongado; no se planteó la posible limitación
de los daños que se seguirán de la adopción de las técnicas artificiales de
reproducción -como ha ocurrido en otros países- y la imprecisión del texto deja
un amplísimo campo a determinar por la autoridad de aplicación. Es asombroso
también que en la Cámara de Diputados se haya registrado un solo voto en
contra. ¡Qué penosa ofuscación de la conciencia en nuestros legisladores!
La ley admite
las técnicas de fecundación heteróloga y por tanto la donación de gametos, con
la consiguiente afectación del derecho a la identidad de los niños así
concebidos. La importancia de este derecho se ha visto realzada en los últimos
años en los trámites para establecer la identidad de los hijos de muchas
personas desaparecidas, pero ahora se lo menosprecia al facilitar el nacimiento
de niños biológicamente huérfanos. Peor aún, si cabe la comparación, es la
legalización de los bancos de embriones y la donación de los mismos. ¿También
la compra? El ser humano, en el estadio inicial de su existencia, queda
degradado a la condición de objeto biológico; en los depósitos será congelado a
190º bajo cero. Una muerte segura aguarda a un elevado número de niños por
nacer –eso es un embrión humano, un niño por nacer– o posibles lesiones y el
consiguiente descarte. Nada impide en el instrumento legal la selección de
embriones según mecanismos de discriminación por razones físicas o genéticas.
La persona que accede a estos métodos inhumanos, y que es indebidamente
considerada un paciente, puede revocar su consentimiento “hasta antes de
producirse la implantación del embrión en la mujer”. ¿Qué se hará con los niños
así concebidos y eventualmente rechazados? El texto asegura el acceso
igualitario a las prácticas, sin exclusiones por orientación sexual o estado
civil; así se legaliza implícitamente el alquiler de vientres (¿de qué otro
modo podría conseguir su propósito una pareja integrada por dos varones?).
Las
imprecisiones de la ley son tales que sugieren una larga serie de
interrogantes, cuestiones decisivas para asegurar el derecho a la vida y la
dignidad de los niños que serán artificialmente engendrados. Por ejemplo:
¿cuántos óvulos se van a fecundar y cuántos embriones serán implantados en cada
caso? ¿Se permitirá seleccionar embriones, elegir el sexo del hijo y otras
características? ¿Es admisible la donación de gametos entre miembros de una
misma familia? ¿Será anónima la donación de gametos y embriones? Y si lo fuera,
cómo se respetará el derecho a la identidad?
La sanción
legislativa favorece los intereses del lobby que se dedica a la manipulación biotecnológica,
cuando en la sociedad argentina se posterga indefinidamente la satisfacción de
tantas necesidades populares. Se ha elegido, además, privilegiar el proyecto
egoísta de vida de adultos dispuestos a ejercer una autonomía que no reconoce
límites. El desplazamiento definitivo de la adopción como gesto de amor y
solidaridad dejará a muchos niños ya nacidos esperando en vano el calor de una
familia.
